#MeCuadroConEllas: Testimonios de violencia política contra las mujeres en Venezuela

La iniciativa Mujeres Venezolanas en Acción, en el marco de la campaña de la semana contra la violencia de género en el 2016, realizaron una serie de audiovisuales con casos emblemáticos de mujeres venezolanas víctimas de violencia política por parte de funcionarios estatales. Reproducimos la serie a continuación

Gloria Tobón iba a comprar comida, con su hija, y terminó viviendo la peor experiencia de su vida. Transcurrían las protestas de 2014 en el aguerrido estado Táchira. Gloria vio cómo un efectivo de la Guardia Nacional maltrataba a una muchacha e intentó protegerla. “El efectivo se bajó (de la moto), me dio un empujón, yo caí contra la acera. Cuando intenté pararme, el efectivo me tira de nuevo contra el piso, me agarró a patadas, me daba golpes, me trataba de perra, de maldita. Depués me agarró por el cabello y me levantó y me tiró hasta la cerca y me pone una pistola en la frente. Otro efectivo le gritaba: ‘Mata a esa maldita, mata a esa perra’. Mi hija se devuelve corriendo, los efectivos me la agarraron a golpe”. Las detuvieron y fue entonces cuando sucedió lo peor: “Me rompieron mi camisa, sentí por un momento que me iban a violar. Me echaban agua y me colocaban descargas eléctricas en los senos y en varias partes de mi cuerpo. Me decían: ‘Habla, maldita, habla ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes te están financiando?”. Gloria está convencida de algo: “Pienso que por ser mujer ellos se sintieron más grandes, más fuertes”.

Rosa Orozco es la madre de Geraldin Moreno, una joven estudiante que fue asesinada por un funcionario de la Guardia Nacional, que le disparó perdigones en el rostro, el miércoles 19 de febrero de 2014, durante una manifestación pacífica en el sector Tazajal del municipio Naguanagua.

Rosa escuchó cinco detonaciones y a los pocos minutos le tocaron la puerta de su casa para avisarle que Geraldin había recibido un disparo.

Al lugar llegaron seis efectivos de la GNB en motocicletas, para a dispersar la manifestación. Geraldin corrió y cayó porque le dispararon en las piernas y a pesar de pedir clemencia le volvieron a disparar, a quema ropa, en la cara, con un arma de perdigones de hierro, lo que le destruyó el ojo derecho.

A casi tres años de su muerte el juicio contra los funcionarios sigue en proceso. Actualmente, hay dos personas detenidas por el caso y otras dos se encuentran bajo régimen de presentación. Sin embargo, Orozco denunció que todos los guardias que estaban presentes el día que le dispararon a su hija son culpables por mantenerse callados ante el suceso incluyendo a Frank Alonso Osuna Díaz, el teniente coronel del Destacamento 24 de Carabobo.


Marvinia Jiménez es una costurera valenciana, de 34 años de edad. El 24 de febrero de 2014 se dirigía a su casa cuando fue agredida vilmente por varios funcionarios de la Guardia del Pueblo, en la urbanización La Isabelica, de Valencia. Un guardia le apuntó a la cabeza con un arma, para exigirle que le entregara el teléfono celular, luego de que ella tomara fotografías de las agresiones de los funcionarios a manifestantes. La arrastraron por el suelo, la golpearon varias veces y luego una mujer uniformada le pegó en la cara con su casco.

La Fiscalía 28 le imputó cinco delitos: instigación pública, obstaculización de la vía pública, lesiones personales, resistencia a la autoridad y daño a la propiedad privada. Por estas supuestas infracciones tiene régimen de presentación, y prohibición de salida del país y de participar en manifestaciones.

Aparte de esas imputaciones, el Cicpc le levantó un expediente por hurto a la sede de la Cantv en La Isabelica. A esta mujer de 43 kilos y poco más de metro y medio de altura, se le acusa de haber robado un extintor de incendio, una TV plasma de 42 pulgadas, un filtro de agua y un microondas. Con todos estos objetos presuntamente la detuvieron en flagrancia, según reza el documento.

Su agresora, la funcionaria de la Guardia del Pueblo, la sargento segunda Josneidy Nayarit Mendoza, aunque tiene aprehensión desde el 2 de marzo de 2014 no se ha presentado hasta la fecha. El Foro Penal ha expresado que la victimaria está libre.

Marvinia solicitó que se investigara a otros dos funcionarios por posible encubrimiento: Aquiles Rojas Patiño y el coronel Arquímedes Herrera Ruso, jefe de seguridad ciudadana de Carabobo, responsable de liderar las acciones de febrero de 2014.

Por otro lado, está demandando a seis funcionarios más por levantamiento de actas forjadas. Hace casi dos años el defensor del pueblo, Tarek William Saab, le prometió que tendría una “pronta respuesta” por lo sucedido.


Como a todas las mujeres venezolanas, la escasez llevó a Adelaida Alcalá a movilizarse para conseguir algo de comida. “Estaba en la camioneta que iba hacia el supermercado. Ni siquiera me bajé de la camioneta. Me halaron por un brazo y bajándome me montaron en una camioneta que ya tenía personas detenidas para trasladarlas al comando de Los Guayos”, cuenta. Para dejarla ir, la funcionarios de Guardia Nacional le pidieron que se retratara con un cartel que decía “bachaquera”. Se opuso y la detuvieron. Su hija, quien estaba embarazada y con amenaza de aborto, llegó a la hora junto a su esposo. Mientras intentaba defender a este de unos golpes que le estaban dando unos funcionarios, a ella otra funcionaria la haló por el cabello y la arañó. Los dejaron detenidos a ambos. A Adelaida le dieron la libertad. Esa noche, a su hija se le subió la tensión y tuvieron que llevarla a un CDI. El jefe del comando, luego, le ofreció a Adelaida la libertad de su hija, a cambio de que no denunciara a la funcionaria que la había agredido. Adelaida se negó

Cuando a María Elena Uzcátegui la sacó la Guardia Nacional de su apartamento en Barquisimeto, estado Lara, el 12 de septiembre de 2014, el coronel a cargo le dijo que iba feliz porque llevaba su trofeo, a “la reina de la guarimba”. Uzcátegui, quien no había tenido ni una multa de tránsito en su vida, fue detenida por resguardar en su hogar a estudiantes que protestaban. En el allanamiento le sembraron explosivos, morteros, unas bombas lacrimógenas; y le robaron divisas, el pasaporte, una tableta y su teléfono celular. En total fueron 47 los detenidos esa noche. Fueron trasladados al destacamento, donde las mujeres, entre ellas María Elena, durmieron y comieron en el piso. El martes 16 los trasladaron a los tribunales y, para su sorpresa, cuando estaban dictando los cargos de todos, a ella le dijeron que quedaba privada de libertad y que iría al anexo femenino de la cárcel de Uribana. “Cuando llegas ahí empieza la humillación peor”, dice, quien estuvo tres meses detenida en ese lugar

Sairam Rivas, en mayo de 2014, tenía 20 años y era presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la UCV, cuando fue apresada. 132 días permaneció en la sede del Servicio Nacional Bolivariano (Sebin), desde el 8 de mayo del 2014, junto a 200 estudiantes, tras el levantamiento forzado del campamento que mantenían como protesta pacífica en la plaza Alfredo Sadel, de Las Mercedes.

Se le acusó los delitos de instigación pública, agavillamiento y uso de menores para delinquir. A partir de su detención permaneció cuatro días aislada, sin poder hablar con algún familiar. Sus días en el Sebin comenzaron con largos interrogatorios en los que la amenazaban con trasladarle al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) o con acciones a su familia. Permaneció en una celda junto a otras cuatro estudiantes y otra mujer, detenida por un presunto plan magnicida. Para dormir tenían una litera y una colchoneta que debían turnarse. Permaneció 55 días sin ver el sol. Tiene una medida cautelar sustitutiva de libertad con presentación cada ocho días, mientras se realiza su juicio, prohibición de salida del área metropolitana y prohibición de asistir a actos públicos.

Joselyn Prato nunca imaginó que una ida a la playa en familia terminaría tan mal. Coincidieron en día, mas no en horas, con la grabación de una promoción de la ministra de Turismo, Marleny Contreras, en Tucacas, estado Falcón. A quien por ser, además, la esposa del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosado Cabello, abuchearon en la playa. En medio de la confusión, efectivos de seguridad detuvieron a un integrante de su familia que, al igual que Joselyn, no había estado presente cuando abuchearon a la ministra: “Veo a mi hermano en posición fetal, con las manos en la cabeza, esposado y con un fusil en su cabeza, con dos guardias custodiándolo. Pregunto qué pasa y me dicen que me retire. Mi mamá desesperada, como cualquier madre, se sienta a llorar al lado de él, porque no entendía nada de lo que estaba pasando. El guardia nos dice que nos retiremos porque va a ser peor, cosa que me molestó aún más y me hizo seguir allí. Entonces la opción de ellos fue empezarme a golpear”. La detuvieron también y trasladaron, con un brazo roto y sangre en la cabeza, al comando de la guardia de Chichiriviche, donde estuvo en bikini, rodeada por hombres, todo el día y toda la noche. “Me sentí muy amenazada porque el capitán que está detrás de todo esto, desde un principio nos dijo que no sabíamos en lo que nos habíamos metido”. Fue enviada al Penal de Coro, donde comió comida con gusanos y fue torturada.


Laura Lara
fue agredida por funcionarios de la Policía de Aragua, el pasado 26 de octubre de 2016. Estaba en una concentración en Maracay, convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en contra del Gobierno nacional. Laura estaba junto a su hijo cuando funcionarios policiales comenzaron a dispersar la protesta con bombas lacrimógenas. Corrieron y junto a otros manifestantes se refugiaron en un edificio, hasta allí llegó la represión. Los policías rompieron la entrada del edificio a patadas y piedras, y entraron. Laura les salió al paso y les pidió parar, a partir de allí comenzaron a golpearla y a patearla, le rompieron la cabeza con una piedra y se llevaron preso a su hijo de 18 años.


La jueza María Lourdes Afiuni fue detenida en diciembre de 2009, tras ordenar la liberación de Eligio Cedeño, un empresario detenido por evasión de los controles de divisas (dólares regulados), acto que llevó al presidente Hugo Chávez a pedir públicamente su condena. Afiuni denunció que fue violada mientras estuvo recluida en la cárcel de mujeres, el INOF, donde estuvo hasta febrero de 2010. Según su relato en un libro, a consecuencia de la violación quedó embarazada, pero tuvo un aborto en la cárcel. Durante su estadía en prisión recibió una patada con la bota de una Guardia Nacional que le causó una distorsión en una cuarta parte del seno. Además, al lado de su celda trasladaron a reclusas que ella condenó y fue víctima de varias golpizas. Nadie hizo nada para evitarlo


La noche del 26 de abril de 2014, funcionarios del Sebin realizaron un allanamiento en la residencia de Josefa Álvarez de González porque presuntamente, su esposo, Rodolfo González, era un “articulador logístico” en las protestas de febrero de ese año.

De acuerdo con el entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, al momento de su captura, a González le decomisaron armas de fuego, municiones, equipos tecnológicos y documentos que lo vinculaban con acciones subversivas.

Tras haber sido detenido, el 12 de marzo de 2015, fue encontrado sin vida en su celda del Sebin. En declaraciones oficiales dicen que se quitó la vida, pero muchos están convencidos de que su muerte fue el resultado de una serie de amenazas, maltrato psicológico y tortura constante por parte de los funcionarios del Sebin.

Tras la muerte de su marido, Chepa González, de 67 años, tiene que cumplir una medida cautelar de presentación cada 30 días.

Esta valiente mujer venezolana, empresaria, madre, abuela y ahora viuda, tiene que padecer los estragos de la injusticia en Venezuela.

Deynis Figueroa había madrugado para conseguir algo de comida para sus hijos. Estaba en la fila junto a su hermana y otras mujeres, esperando para adquirir dos paquetes de harina y uno de pasta. De pronto, llegaron unos funcionarios de la Guardia Nacional y sacaron dela cola a su hermana. Cuando Deynis se quejó, se la llevaron a hacerle compañía. Las subieron en un convoy junto a otras mujeres. Una señora argumentó que no podía ir presa porque tenía un niño de meses. Uno de los guardias reaccionó lanzándola del convoy. Hicieron lo mismo con todas las que iban en la unidad, incluida Deynis, quien se desmayó desde el momento en que cayó al pavimento. Recobró la consciencia en el hospital. Su hermana estaba allí también, ensangrentada y vomitando sangre. Los guardias que las lanzaron trancaron el paso para que nadie pudiera ayudarlas. A los que intentaron acercarse les lanzaron perdigonazos. Cuando finalmente las socorrieron, los funcionarios gritaban: “Que se mueran esas malditas bachaqueras”.

Angelly Pernía dice que no cree en la justicia, y no es para menos después de lo que vivió. En el marco de una protesta estudiantil, fue atacada por un grupo de siete funcionarios de la Guardia Nacional que la identificaron como dirigente estudiantil: “El primer golpe lo sentí con el casco en la parte de la nuca, luego me arrodillan en el piso y me dan golpe en los riñones y vientre y me escupen”. La trasladaron hasta la Residencia de Gobernadores, donde continuaron las agresiones dentro de la patrulla. El gobernador y su esposa estaban ahí y con las pocas fuerzas que le quedaban de la golpiza, Angelly gritaba para llamar su atención: “Para callarme me rocían con cloro y con gasolina, y uno de los funcionarios, muerto de la risa, me dice que me va a prender, que eso va a ser culpa mía” La trasladaron al cuartel de Politáchira y la metieron en una celda de castigo. Pese a tener una hemorragia uterina intensa, producto de la golpiza, le impidieron cambiarse de ropa o siquiera ponerse una toalla sanitaria. En medio de irregularidades, la sentenciaron a 15 años de cárcel, pues le sembraron un bolso con explosivos de Cavim. La juez, sin embargo, accedió a trasladarla a un hospital por el sangrado. Tuvieron que operarla pues, entre otras cosas, tenía un ovario desgarrado por los golpes que le dieron.

La poetisa Balvina Jacqueline Muñóz fue encarcelada el 22 de abril de 2014, luego de que una patriota cooperante la acusara de “instigar al terrorismo y al odio social” por escribir un cuento titulado “El Amor en tiempos de Guarimba”. Mientras estuvo en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), fue agredida brutalmente por reclusas de alta peligrosidad.

A las 4:00 am del lunes 18 de julio de 2016, Angely Figueroa, de 24 años, junto a su hermana Deinys, hacían la cola en un supermercado de la isla de Margarita, con su número asignado por el Gobierno para comprar comida. Al ver que los funcionarios encargados de mantener el orden dejaban pasar a personas que no estaban en la cola decidió reclamar.

Esto fue suficiente para que la Guardia Nacional arremetiera contra ella. La maltrataron, la calificaron de bachaquera, le halaron los cabellos, la arrestaron y la montaron a la fuerza en un convoy de la GNB.
Cuando la subieron al carro y en medio de la discusión, los militares seguían empujando a Angely al punto que se cayó del camión, su cabeza golpeó contra la acera y se desmayó. La GNB no la ayudó. Fueron los civiles que estaban en el lugar quienes la ayudaron y los funcionarios les cerraron el paso a los servicios médicos, hasta que por fin fue trasladada al Hospital Luis Ortega. El golpe le causó fractura de la base craneal y hematoma cerebral. Pasó una semana en la Clínica del Valle y por tres días estuvo recluida en terapia intensiva debido a la fractura de cráneo.