Pronunciamientos de ONG sobre suspensión RR en Vzla

PROVEA: Suspensión de referendo revocatorio cierra canales pacíficos y alienta violencia en Venezuela

Durante la tarde de este 20 de octubre de 2016 cinco tribunales penales de Venezuela, de los estados Aragua, Bolívar, Apure, Monagas y Carabobo, anularon el acto de recolección del 1% de manifestaciones de voluntad presentadas por la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para la activación del mecanismo constitucional de referendo revocatorio presidencial, correspondiente a dichas entidades del país.

Este 1% de las firmas –primer paso para activar el mecanismo refrendario- había sido auditado y aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), quien había pautado para los días 26, 27 y 28 de octubre la recolección del 20% de firmas del padrón electoral, segundo paso para la activación del derecho consagrado en el artículo 72 de la Carta Magna. A escasas horas de conocerse la decisión de los referidos Juzgados regionales, el CNE emitió un comunicado en su sitio web en donde afirmó que acataba “Las medidas cautelares ordenadas por los tribunales”, por lo que habría “girado instrucciones de posponer el proceso de recolección hasta nueva instrucción judicial”.

La sentencias, proferidas simultáneamente por diferentes tribunales con competencia en materia penal -quienes no poseen atribuciones legales para suspender procesos electorales-, y su acatamiento casi inmediato por parte del máximo árbitro electoral del país, revela la existencia de un plan coordinado desde el propio Poder Ejecutivo para impedir que la ciudadanía pueda evaluar la gestión del primer mandatario, a través del mecanismo de referendo revocatorio.

El Ejecutivo Nacional, valiéndose de la erosionada institucionalidad y el control político que ejerce sobre el Poder Judicial y el Consejo Nacional Electoral, ha obstruido el ejercicio de la democracia participativa y protagónica, cerrando los espacios para la resolución pacífica de la crisis, y colocando al país en el umbral de una situación de alto riesgo, al estimular la confrontación violenta entre los venezolanos. Las consecuencias de esta situación será responsabilidad de quienes hoy están al frente del Poder Ejecutivo y de las autoridades de los poderes públicos que han abandonado la independencia en su gestión.

Provea alerta a la comunidad internacional y a los órganos de protección de Derechos Humanos sobre las amenazas existentes para quienes solicitaron la activación del mecanismo de revocatorio presidencial. Altos voceros del Ejecutivo y del partido oficial han alentado abiertamente la comisión de represalias contra los solicitantes de la consulta popular, lo que anuncia el inicio de episodios de persecución, hostigamiento y posibles detenciones contra dirigentes y activistas políticos vinculados a sectores de la oposición política. El diputado y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, declaró en la noche de este 20 de octubre “Esperamos que ahora se busque a los responsables, se ordene su detención y vayan a prisión por el engaño que han hecho”. Durante la mañana de este jueves Provea emitió un comunicado rechazando las declaraciones del ministro Ricardo Molina en las que anunciaba que las personas que participaran en la recolección del 20% de las firmas iban a perder derechos sociales.

En medio de este complejo escenario, exhortamos a toda la ciudadanía que desee ejercer su derecho a la manifestación debido a la suspensión de la solicitud de referendo revocatorio presidencial, a hacerlo de manera pacífica. Igualmente, exigimos a las autoridades del Estado venezolano abstenerse de imponer restricciones indebidas al ejercicio del derecho a la reunión y asociación pacíficas, y a cumplir y respetar el mandato que le imponen el marco legal nacional e internacional vigentes que consagran la garantía de estos y otros derechos humanos.

 

WOLA

 

WOLA: La paralización del referendo revocatorio en Venezuela es un retraso peligroso

Decisión del CNE va en contra de las normas jurídicas, y contribuye al aumento de tensiones
Washington, D.C.—El 20 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela suspendió el siguiente requisito en el proceso de referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, paralizando de forma indefinida la recolección de firmas que se había fijado para 26-28 de octubre.

El anuncio del CNE ayer representa un grave retroceso para la democracia en Venezuela. La decisión se basó en el proceso judicial de tribunales penales en cuatro distritos diferentes del país que simultáneamente emitieron decisiones contra el avance del proceso. Sin embargo, estos tribunales no tienen autoridad legal sobre el CNE, y la autoridad electoral no tiene ninguna obligación constitucional de respetar estas decisiones.

Como ha señalado WOLA (la Oficina de Washington para América Latina), el derecho que tiene el pueblo de escoger a sus líderes y ejercer contraloría sobre ellos es un derecho humano fundamental, y el CNE tiene el deber de garantizar que los venezolanos tengan la oportunidad de participar en un proceso de referendo revocatorio oportuno, bien organizado y de acuerdo con la constitución venezolana. La suspensión de la recolección de firmas representa una desviación alarmante de este deber.

El anuncio del CNE también contiene un llamado al “diálogo nacional” como mecanismo para preservar la paz y la estabilidad, una referencia al diálogo facilitado por actores internacionales entre el gobierno venezolano y la oposición. Esto parece un intento de presentar el diálogo como una alternativa al referendo revocatorio y por lo tanto sirve para deslegitimar esas conversaciones. El diálogo es absolutamente necesario en Venezuela para superar la crisis política y económica que se está profundizando en el país, pero este proceso debe ser considerado como independiente del proceso revocatorio.

WOLA insta al CNE a revertir la suspensión del proceso de recolección de firmas en Venezuela.

 

Organizaciones de DDHH exigimos garantías para participación política en elecciones y referendos

Organizaciones de derechos humanos venezolanas rechazan la suspensión del proceso de referéndum revocatorio y las postergación inconstitucional de las elecciones regionales. Estas medidas constituyen una violación a los derechos políticos de los venezolanos y una evidente ausencia de independencia del Poder Judicial y del Poder Electoral, que cierra las vías hacia una solución pacífica de la crisis política y social que enfrenta Venezuela.

El 20 de octubre de 2016, tribunales penales de los estados Carabobo, Apure, Aragua y Bolívar admitieron casi en simultáneo, querellas penales contra la recolección del 1% de firmas para el referéndum revocatorio. El Consejo Nacional Electoral (CNE) a pesar de ya haber aprobado esta parte del proceso en el mes de abril, anunció de inmediato que “acataba” las decisiones de los tribunales y suspendió el proceso.

Estos acontecimientos fueron consecutivos a declaraciones públicas del primer vicepresidente del PSUV y Diputado Diosdado Cabello, quien anunció que estaban a la espera de la “cayapa judicial”. Cabello ordenó a todos los Equipos Regionales del partido y a los jefes estadales de los aliados que fueran a los tribunales y exigieran justicia por la supuesta recolección de firmas de personas fallecidas, menores de edad y privados de libertad.

El 18 de octubre el CNE anunció igualmente la suspensión, sin motivos, de las elecciones de Gobernadores y Consejos Legislativos, que debían hacerse en el 2016, las cuales fueron aplazadas para finales del primer semestre de 2017.

Estos hechos ocurren en el marco en una profunda crisis económica y social que afecta al país, que incluye alta escasez de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad, dificultad económica para el acceso a bienes y servicios básicos y altos índices de criminalidad.

El retardo y suspensión de la consulta popular atenta gravemente contra el derecho a la participación de los venezolanos. La ausencia de procesos electorales afecta también de forma indirecta derechos económicos y sociales de los ciudadanos , al impedir una solución pacífica a los problemas comunes. Este escenario de falta de institucionalidad e independencia de poderes públicos, ausencia de consulta popular y graves violaciones de derechos humanos socava la democracia en Venezuela.

Por estas razones exigimos:

  • Que el Consejo Nacional Electoral reanude de forma inmediata el proceso de recolección de firmas y haga posible llevar a cabo sin dilaciones indebidas el referéndum revocatorio así como las elecciones regionales en el tiempo constitucionalmente previsto.
  • Que el Poder Judicial se abstenga de obstaculizar el ejercicio de los derechos políticos y de participación ciudadana de los venezolanos y se ajuste a parámetros de autonomía, independencia e imparcialidad en el estricto marco de su competencia
  • Que el Poder Ejecutivo facilite el ejercicio de los derechos políticos y de participación ciudadana de todas las personas, no establezca obstáculos para los mismos y posibilite una solución pacífica de la crisis política, institucional, económica y social de Venezuela.
  • El gobierno nacional debe garantizar plenamente los derechos a la libertad de pensamiento, expresión, asociación y a la reunión o asamblea de todas las personas que quieran manifestar su inconformidad con estas decisiones.
  • A las organizaciones sociales y de derechos humanos de la región a instar a sus gobiernos a que desarrollen acciones que contribuyan a una solución constitucional y pacífica a la grave crisis venezolana.En Caracas, a los 21 días del mes de octubre de 2016.

Organizaciones que suscriben:

Acción Ciudadana Contra el SIDA
Acción Solidaria
Asociación Civil fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)
CADEF (Centro de Acción y defensa por los DDHH)
Cáritas Los Teques
Centro de Derechos Humanos de la UNIMET
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Civilis Derechos Humanos
Codhez (Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia)
Comisión Episcopal Justicia y Paz
Convite AC
Espacio Público
EXCUBITUSdhe
Movimiento Vino Tinto A.C.
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio Venezolano de Prisiones
Oficina de DDHH de Amazonas
Provea (Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos)
Sinergia
StopVIH
Transparencia Venezuela
Un Mundo Sin Mordaza
Una Ventana A la Libertad
Venezuela Diversa

 

Foro Penal

Foro Penal Venezolano ante la suspensión de la recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad para activar el Referendo Revocatorio

El Foro Penal Venezolano, dada la decisión del CNE en Venezuela, de fecha 20 de octubre de 2016, de suspender la recolección programada del 20% de las manifestaciones de voluntad necesarias para activar el Referendo Revocatorio presidencial, basada en las decisiones cautelares dictadas por tribunales penales de primera instancia de diferentes estados del país, se pronuncia de la manera siguiente:

PRIMERO: Las manifestaciones de voluntad para la activación del Referendo Revocatorio presidencial correspondientes al 1% del padrón electoral, por estado, fueron oportunamente revisadas y validadas, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, por la máxima autoridad electoral de Venezuela, que es el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ninguna de las decisiones cautelares que han ordenado la suspensión del Referendo Revocatorio es consecuencia del ejercicio de algún recurso administrativo válido intentado ante la propia autoridad comicial o de algún otro recurso legítimo intentado ante la autoridad judicial exclusivamente competente para emitir pronunciamientos en materia electoral que puedan afectar a toda la ciudadanía, representada fundamentalmente, más no exclusivamente, en quienes pueden ejercer su derecho al sufragio, tal y como lo sería la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Estas fueron decisiones emanadas de autoridades judiciales penales de primera instancia.

SEGUNDO: Ningún tribunal penal de la República Bolivariana de Venezuela tiene competencia para decidir sobre la materia electoral, más allá de la consideración, puntual e individualizada, ya que la responsabilidad penal es estrictamente personal, de si algún ciudadano ha cometido o no, eventualmente, algún delito electoral, y ni siquiera en estos casos, mucho menos a través de una medida cautelar y provisoria, puede afectar con sus pronunciamientos a terceros que no son sujetos procesales ni parte en las causas que son sometidas a su consideración.

TERCERO: El hecho de que simultáneamente y de manera coordinada cinco tribunales distintos de cinco estados también distintos, hayan emitido el mismo día decisiones idénticas en sus efectos, en causas diferentes, la manera, igualmente simultánea y coordinada, en la que dichas decisiones se dieron a conocer a la opinión pública, y la subsiguiente respuesta del CNE, demuestran de manera clara que la suspensión inconstitucional del proceso de recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad para activar el Referendo Revocatorio presidencial, e incluso el aplazamiento inconsulto, inconstitucional y previo del proceso de las elecciones regionales y municipales, también a cargo del CNE, responden a una planificación previa desde el poder que menoscaba indebidamente el derecho a la participación libre de los ciudadanos en los asuntos públicos (Art. 62 de la CRBV), el derecho al sufragio (Art. 63, CRBV) y el derecho ciudadano a revocar el mandato conferido a cualquier cargo o magistratura de elección popular (Art. 72, CRBV); todo lo cual constituye una burla a la voluntad popular y a la soberanía, que de manera absoluta reside en el pueblo, tal y como lo prescribe el artículo 5º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

CUARTO: Es importante destacar que todo lo anterior afecta no solo a los ciudadanos que puedan estar interesados en revocar el mandato conferido al Presidente Nicolás Maduro, sino también a aquellos ciudadanos que pudieran estar interesados en, a través de su participación libre en el Referendo Revocatorio propuesto por los sectores de la oposición política, mantenerlo en el cargo para el que fue electo.

De esta manera, la írrita decisión del CNE, basada en decisiones inconstitucionales e ilegales de instancias judiciales incompetentes para decidir en estos temas, lejos de ocuparse de la canalización institucional y sin sesgos de la voluntad política del soberano, ha afectado negativamente y por igual a todos los ciudadanos de Venezuela, independientemente del tinte político de sus opiniones o posturas.
QUINTO: El desconocimiento de la voluntad soberana de la ciudadanía, y de los mecanismos legales, constitucionales y pacíficos para la elección o revocación de cualquier cargo o magistratura de elección popular, puede degenerar en situaciones de violencia que son absolutamente indeseables y que conspirarían de manera definitiva, por la actuación arbitraria e inconstitucional del CNE y de los Tribunales Penales involucrados, contra el valor republicano fundamental de la paz (Art. 1º, CRBV), contra el carácter irrenunciablemente democrático de nuestro modelo de Estado (Art. 2º, CRBV) y contra el fin esencial de nuestro Estado de la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, tal y como lo ordena el Art. 3º de nuestra Carta Magna.

SEXTO: El Foro Penal Venezolano mantiene su compromiso con los derechos humanos y su lucha por la paz social, manifiesta su definitivo apoyo a la ciudadanía y hace un llamado general a la paz, al rescate del Estado de Derecho y al cese inmediato de la prisión y de la persecución con fines políticos.

Hacemos un llamado a la concordia y a un diálogo sincero basado en la verdad y en el respeto a la ciudadanía, y le exigimos al CNE, a las autoridades judiciales, y al Poder Público en general, que se deje sin efecto de manera inmediata la indebida e inconstitucional suspensión provisional e indefinida del proceso de recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad para activar el Referendo Revocatorio presidencial; que se respete la voluntad popular y el ejercicio soberano e irrenunciable de la soberanía, y que se acaten, de manera irrestricta, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los Tratados Internacionales sobre DDHH suscritos y ratificados por Venezuela y las leyes vigentes en el territorio nacional.

En Caracas, a los 21 días del mes de octubre de 2016.-

Observatorio Electoral Venezolano

OEV: Se suspende la democracia hasta nuevo aviso

Observatorio Electoral Venezolano

Cinco tribunales regionales penales, de manera casi simultánea, determinaron la ilegalidad del 1% de las firmas recabadas a fin de iniciar el proceso de solicitud del referendo revocatorio presidencial. Las sentencias correspondientes indican que el proceso mencionado se encuentra bajo sospecha, debe ser investigado y, por tanto, sus consecuencias, “por ahora”, quedan suspendidas.

Es importante destacar que los impulsores de esas decisiones fueron los gobernadores de cinco estados: Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo y Monagas. Además, fueron esos mismos gobernadores quienes primero anunciaron las decisiones adoptadas. Se trata de sentencias tomadas desde una instancia que no es competente en el ámbito electoral y que, más grave aún, contradicen la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que validó en su oportunidad las firmas requeridas para que los ciudadanos cumplieran con el requisito fijado en esa etapa del proceso.

Cabe recordar que ese requisito se cumplió ampliamente (se requerían 200.000 y se validaron cerca de 400.000). En ningún caso, las supuestas firmas fraudulentas invalidan el cumplimento del requisito exigido. Por otra parte, tal y como ha sido claramente señalado, se trata de una decisión que penaliza a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y a todos los ciudadanos interesados en que la consulta sea llevada a cabo, aun cuando los delitos que pudieran haber existido son sólo imputables a las personas que los hubiesen cometido.

Sin embargo, a raíz de esta decisión tomada, cabe repetirlo, por tribunales que no son competentes en el área electoral, el CNE decidió, ahora si con celeridad, paralizar el proceso del revocatorio hasta nuevo aviso, dejando sembrada, incluso, la duda de que se llegue a realizar en algún tiempo futuro.

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) considera que, de nuevo en este caso, se pone en evidencia que los poderes del Estado, en particular el Poder Judicial y el Poder Electoral, muestran un sesgo político y apoyan la posición oficial, que es evidente y abiertamente contraria a la realización del revocatorio, según ha sido expresada por varios dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), altos funcionarios gubernamentales y, de manera particular, por el propio presidente Maduro.

El OEV reitera que esta nueva decisión desconoce las normas constitucionales que garantizan derechos ciudadanos a la participación y al voto como mecanismo para dirimir diferencias, y contribuye a entrabar la salida pacífica a la crisis. Por otra parte, plantea una incógnita política en cuanto a la manera de resolverla, poniendo en paréntesis a la democracia. La vía electoral, y en particular el referendo revocatorio, es una opción ampliamente respaldada por los venezolanos que, con esta decisión, queda suspendida.

Red ARA

Comunicado de la Red Ara en relación con la actual situación política del país

Los miembros de la Red Ara vemos con mucha preocupación el deterioro creciente y acelerado del Estado de Derecho de la Nación y del cumplimiento de las garantías necesarias para el goce pleno de los derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución, la sana convivencia de los ciudadanos, la participación protagónica del pueblo y el desarrollo nacional.

La suspensión del proceso de manifestaciones de voluntad ciudadana con respecto al Referéndum Revocatorio del Presidente de la República, realizado mediante actos de dudosa legalidad y cuestionable ética, es sólo la más reciente manifestación de estas circunstancias políticas. Situación que las organizaciones de la sociedad civil de Venezuela venimos denunciando desde hace varios meses. A manera de ejemplo, en el tema ambiental el Decreto N° 2.248 del pasado 24 de febrero, mediante el cual se sancionó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, contiene elementos que violan mandatos expresos de la Constitución, tanto en temas de los derechos ambientales y sus garantías, derechos de los pueblos indígenas, así como de como de los derechos políticos de los ciudadanos.

Este proceso de deterioro legal e institucional ocurre en paralelo con un repunte de denuncias de amenazas, hostigamientos, detenciones arbitrarias y acciones ilegales por parte de organismos del Estado contra diversos actores políticos, periodistas e incluso contra activistas ambientales a causa de sus opiniones o acciones de protesta legítima.

Esta situación pone en peligro la paz del país, genera fuertes dudas sobre la viabilidad y continuidad del modelo de democracia participativa y protagónica establecida por nuestra Constitución y planta fuertes obstáculos para la solución de los problemas del país, incluyendo los ambientales, mediante el diálogo y el trabajo conjunto.

Bajo estas circunstancias:

  • Exigimos al Ejecutivo Nacional cumplir de manera cabal con sus obligaciones constitucionales, promoviendo y no entorpeciendo la participación ciudadana en la vida política del país, incluyendo el derecho constitucional de revocar a los funcionarios públicos, así como garantizar la plena vigencia de los derechos humanos de la ciudadanía.
    lamamos a todos nuestros miembros y a todo el movimiento ambiental a estar atentos, documentar y, en lo posible, denunciar toda acción que, aprovechando la coyuntura política actual, intente acelerar la implementación de planes ecocidas como el Arco Minero del Orinoco, así como de otros proyectos mineros y de otro tipo que profundizarán la destrucción ambiental del país y únicamente dejarán una secuela de destrucción, enfermedad y pobreza.
  • Igualmente, los exhortamos a continuar con nuestras labores de defensa del ambiente y los derechos ambientales de los venezolanos como elementos prioritarios en un eventual proceso de reconstrucción nacional, la cual necesitará contar con recursos naturales que usados de manera responsable, equitativa y sustentable podrán ayudar a restablecer la riqueza nacional y solucionar, al menos en parte, la grave situación de pobreza y hambre existente del país, así como disminuir nuestras vulnerabilidades ante las amenazas de desastres socionaturales, incluyendo el cambio climático.
  • Pedimos a toda la ciudadanía, expresada a través de las distintas organizaciones de la sociedad civil, a actuar en la defensa de los derechos ciudadanos como sustentos de un país democrático, participativo, justo y equitativo, así como apoyar activamente todo esfuerzo pacífico y constitucional para restituir de manera expedita la vigencia del Estado de Derecho en el país.
  • Finalmente, solicitamos a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, así como a las organizaciones ambientales hermanas en todo el mundo, a estar atentos a la situación venezolana de tal manera de apoyar los esfuerzos que se estén realizando en el país para mantener la vigencia de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela.

El Comité Coordinador

24 de octubre de 2016

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